Este es el reporte para el continente americano de Amnistia Internacional.

Las comunidades indígenas enxet de Yakye Axa Sawhoyamaxa llevaban viviendo más de 15 años en las lindes de la carretera que une Concepción con Pozo Colorado, en la región paraguaya del Bajo Chaco. A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dictado varias resoluciones favorables, seguían sin poder acceder a sus tierras. Privadas de sus medios de vida tradicionales, sin servicios médicos ni sistemas de saneamiento adecuados y dependientes de los alimentos que les facilitaba el Estado demanera irregular, arrostraban un presente inseguro y un futuro incierto.

Desde las regiones más septentrionales del Ártico hasta el extremo meridional de Tierra de Fuego, los pueblos indígenas de América eran desde hace mucho tiempo víctima de la marginación y la discriminación. Privados de voz en las decisiones que afectaban a sus tierras, sus vidas y susmedios de subsistencia, sufrían un nivel de pobreza desproporcionado, incluso cuando habitaban zonas ricas en minerales y otros recursos naturales. En muchos casos no gozaban todavía de reconocimiento constitucional, y veían cómo su derecho a las tierras de sus antepasados era ignorado o era aplicado de un modo que no salvaguardaba de forma adecuada sus tradiciones económicas y culturales. La extracción de recursos, la explotación agrícola y maderera y otros proyectos de desarrollo en tierras indígenas se acompañaban amenudo de actos de acoso y violencia, pues ntereses privados y poderosas empresas incumplían las leyes nacionales e internacionales en su deseo de obtener beneficios. Este ciclo persistente e inveterado de penuria y exclusión social agravaba el peligro de que los miembros de las comunidades indígenas, en especial lasmujeres, fueran objeto de agresiones y, almismo tiempo, contribuía a que los responsables rara vez indieran cuentas de sus actos.

Frente a este legado de atroces violaciones de derechos humanos, los pueblos indígenas de toda la región semovilizaron para hacer oír su voz. Su exigencia de que se respetara su derecho a no sufrir discriminación, así como a la tierra y a su identidad cultural, en definitiva, su derecho a disfrutar de todos los derechos humanos, estaba cada vezmás presente en el centro del debate sobre derechos humanos mantenido en la región y lo revitalizaba.

Las comunidades de Yakye Axa y Sawhoyamaxa pudieron llevar sus demandas ante un tribunal regional, y varias ONG las ayudaron a hacerlo. Este hecho reflejaba la creciente coordinación y colaboración entre los movimientos indígenas y de derechos humanos de la región, que permitía a activistas y defensores de los derechos humanos aprovechar las experiencias y los éxitos de los demás como fuente de energía, apoyo e inspiración.
Inseguridad
En Colombia, muchos de los abusos contra los derechos humanos –como homicidios o desapariciones forzadas– cometidos en el conflicto armado interno tenían como objetivo expulsar a grupos de civiles de zonas de importancia económica o estratégica. Muchas comunidades indígenas vivían en tierras situadas en regiones ricas enminerales y otros recursos naturales y cuya propiedad legal compartían en común. Era habitual que estas comunidades fueran blanco de ataques cuyo fin era obligarlas a huir para así poder acceder a sus tierras y llevar a cabo en ellas proyectos de desarrollo económico a gran escala. A las comunidades que se movilizaban contra dichos proyectos se las tildaba de «subversivas», acusación que venía seguida amenudo por ataques de grupos militares. Los grupos guerrilleros también amenazaban y mataban a miembros de comunidades indígenas a los que acusaban de favorecer al enemigo. En Colombia, sin embargo, los pueblos indígenas se mostraban cada vezmás activos en la defensa de sus derechos humanos. En los últimos meses de 2008, en protesta por los persistentes abusos contra los derechos humanos de que eran víctima y en apoyo de su derecho a la tierra, millares de indígenas llevaron a cabo nutridas manifestaciones en varias zonas del país, que culminaron en noviembre con una marcha hasta la capital, Bogotá.

En México, en el estado septentrional de Chihuahua, miembros de la comunidad de Huizopa, integrada por indígenas pimas y raramuris, exigieron que las actividades de una empresa minera en tierras comunales cumplieran lo estipulado en unos acuerdos suscritos con la comunidad. Las personas que apoyaron las protestas fueron objeto de amenazas y de operaciones policiales dirigidas a disolver las manifestaciones.

En Chile, el constante crecimiento de las actividades madereras y de extracción de recursos y la lentitud en la resolución de las reclamaciones sobre tierras seguían provocando tensiones entre las autoridades y los pueblos indígenas, en especial la comunidad mapuche. En 2008 se produjo una novedad inquietante: un fiscal regional trató de utilizar una ley antiterrorista contra personas que se habían manifestado en apoyo de las reclamaciones de dicha comunidad. El gobierno había asegurado en repetidas ocasiones que esa ley, promulgada durante el gobierno militar de Augusto Pinochet, no debía utilizarse contra miembros de comunidades indígenas que tratasen de conseguir el reconocimiento de sus derechos.

En Bolivia persistían el racismo y la discriminación, fenómenos por lo demás muy arraigados en el país. Las iniciativas emprendidas por el gobierno del presidente Evo Morales para promover los derechos de los pueblos indígenas bolivianos y de otros sectores marginados de la sociedad se toparon con la oposición de los grandes empresarios y de terratenientes poderosos, que temían perder sus históricos privilegios. Las tensiones terminaron estallando en actos de violencia, que culminaron en septiembre con el homicidio de 19 campesinos en el departamento de Pando. Las investigaciones efectuadas por la Unión de Naciones Suramericanas y por la Defensoría del Pueblo revelaron la participación directa de funcionarios locales en los homicidios y la falta de intervención de la policía para proteger amanifestantes indígenas y campesinos.

Sin embargo, algunos Estados se veían cada vez más en la obligación de admitir las reivindicaciones legítimas de los pueblos indígenas y de tomarmedidas para hacerlas realidad. La resolución adoptada por el Tribunal Supremo de Brasil para reconocer a las comunidades makuxi, wapisana, ingarikó, taurepang y patomana el derecho constitucional a sus tierras ancestrales supuso un hito importante en un litigio que se prolongaba desde hacía 30 años. La decisión se consideró en general una victoria histórica para los derechos de los pueblos indígenas de la reserva de Raposa Serra do Sol. Sin embargo, los resultados positivos no dejaban de ser una excepción, y muchos pueblos indígenas seguían luchando por sus tierras.

En Nicaragua, el gobierno, al cumplir una resolución adoptada en 2001 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció finalmente el derecho a la tierra de la comunidad indígena awas tingni. En Surinam, el pueblo saramaka, formado por descendientes de esclavos africanos huidos que se asentaron en el interior de la selva tropical del país en los siglos XVII y XVIII, obtuvo una sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En una resolución sobre las concesiones mineras y madereras establecidas en tierras de la comunidad saramaka, la Corte halló que «el Estado violó el derecho de los integrantes del pueblo Saramaka a la propiedad».
Violencia contra mujeres y niñas

Los grupos demujeres continuaron pidiendo que se emprendieran acciones para atajar el aumento de los homicidios en la región. Numerosos cadáveres demujeresmostraban señales de tortura, y en concreto de violencia sexual. Sin embargo, lamentablemente, la respuesta demuchos gobiernos –sobre todo en Centroamérica– siguió siendo insatisfactoria, y pocos eran los homicidios que se investigaban demanera adecuada.

La mayoría de los países de la región, con la notable excepción de Haití y otros países caribeños, contaban con leyes encaminadas a aumentar el respeto por los derechos de lasmujeres, en concreto, el derecho a no sufrir violencia en el entorno familiar, social y laboral. Sin embargo, los avances en la prevención de la violencia contra las mujeres y en el castigo a los responsables siguieron siendo limitados. En Nicaragua, por ejemplo, los equipos de investigación policial especializados en el tratamiento de la violencia de género contra las mujeres seguían, por desgracia, sin contar con los recursos necesarios, y en Venezuela no se había empezado a impartir todavía formación especializada a la policía sobre el tratamiento de la violencia intrafamiliar.

Nicaragua y Haití destacaban en la región por ser dos países en donde, según los informes, más del 50 por ciento de las víctimas de abusos sexuales tenía 18 años omenos. Los responsables eran en su gran mayoría hombres adultos, que en muchos casos ocupaban cargos de poder. El abuso sexual de niñas –algunas de tan sólo 9 o 10 años– se hallaba indisociablemente unido a la pobreza, la penuria y la exclusión, que las ponían en peligro de convertirse en víctimas de explotación sexual como único medio de sobrevivir. A pesar de que el problema era generalizado, el estigma asociado a la violencia sexual condenaba a muchas supervivientes al silencio.

«La violación te convierte [...] En una persona sin derechos, una persona rechazada por la sociedad, y ahora, en el barrio en el que vivo, es como si me violaran cada día, porque cada día alguien me recuerda que he sido violada y que no soy nada, que debo que darme en un rincón y no hablar, no decir nada.» - Rose (nombre ficticio), entrevistada por Amnistía Internacional en Haití, marzo de 2008.
Habida cuenta del alto nivel de violencia sexual, resultaba preocupante que Nicaragua, Chile y El Salvador mantuvieran la prohibición del aborto en todos los casos, incluso cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación o cuando su continuación pusiera en peligro la vida de lamujer o la niña. Se recibieron informes según los cuales grupos de presión religiosos habían intentado que se estableciera una prohibición similar en Perú y Ecuador. En Uruguay, pese al apoyo generalizado a la despenalización del aborto, el presidente Tabaré Vázquez vetó una propuesta de reforma alegando sus creencias religiosas personales. En México, por el contrario, la Suprema Corte de Justicia se pronunció favorablemente sobre una ley que despenalizaba el aborto en Ciudad de México.

De los cinco países en donde el gobierno tenía como prioridad reducir la mortalidad materna antes de 2015 –es decir, Bolivia, Brasil, Haití, México y Perú– la tasa nacional demortalidad materna (no se disponía de datos desglosados en función de los distintos grupos demadres) se redujo en todos, salvo en Haití, donde en 2008 sólo en el 26 por ciento de los partos intervino un profesional especializado.
Privación
En los últimos 10 años,muchos países latinoamericanos y caribeños han emprendido iniciativas para reducir la pobreza. Sin embargo, a pesar de haberse registrado algunos avances, más de 70 millones de personas vivían con menos de un dólar al día y las desigualdades sociales y económicas seguían siendo muy pronunciadas. Según el Programa de la ONU para el Desarrollo, Latinoamérica continuaba siendo la región del mundo con el mayor índice de desigualdad.

En muchos países, a las comunidades marginadas y deprimidas de las zonas urbanas y rurales continuaba negándoseles el derecho a asistencia médica, a agua no contaminada, a la educación y a una vivienda adecuada. Esta situación –ya de por sí crítica– corría el riesgo de agravarse como consecuencia de la crisis económica mundial.

En relación con los indicadores de salud, las estadísticas publicadas por el Fondo de Población de la ONU indicaban que los gobiernos de la República Dominicana y Guatemala se encontraban entre los que dedicaban menos dinero a la asistencia médica pública: sólo el 1,7 y el 2 por ciento del PIB, respectivamente. Estas cifras contrastaban enormemente con la de Cuba –el 6,9 por ciento– o la de Estados Unidos, donde alcanzaba el 7,2 por ciento. Sin embargo, en Estados Unidos miles de personas carecían de seguro de enfermedad, y muchas personas pobres y marginadas tenían dificultades a la hora de acceder a asistencia médica adecuada.
Pena de muerte
La mayoría de los países de la región han abolido la pena demuerte en la ley o en la práctica. Sin embargo, en Estados Unidos –país que constituye una notable excepción en la región– la pena demuerte y la pobreza seguían estando indisociablemente unidas: en su gran mayoría, las más de 3.000 personas condenadas a muerte carecían de dinero para pagar a un abogado de su elección.

En abril, la Corte Suprema estadounidense resolvió que la ejecución por inyección letal no vulneraba la Constitución de Estados Unidos. Las ejecuciones se reanudaron en mayo tras un paréntesis de siete meses. Al finalizar el año se había ejecutado a 37 personas, con lo que ascendió a 1.136 el número de ejecuciones llevadas a cabo desde que se reanudaron los homicidios judiciales en el país en 1977.

La decisión de la Corte Suprema resultó significativa por la opinión discrepante del juez John Paul Stevens, miembro del tribunal desde diciembre de 1975 y, por tanto, testigo privilegiado de toda la era «moderna» de la pena demuerte en Estados Unidos. El juez Stevens escribió que su experiencia le había llevado a la conclusión de que «la imposición de la pena demuerte representa la extinción inútil e innecesaria de la vida, con unas contribucionesmeramente marginales a cualquier propósito social o público apreciable. Una pena con unos beneficios tan insignificantes para el Estado es evidentemente una pena excesiva, cruel e insólita». Señaló también que la discriminación racial seguía «teniendo un peso inaceptable en las causas seguidas por delitos punibles con la pena capital».

En diciembre tuvo lugar en San Cristóbal y Nieves la primera ejecución llevada a cabo en un país caribeño de habla inglesa desde el año 2000. Tras una suspensión de las ejecuciones que había durado 10 años, Charles Elroy Laplace fue ahorcado el 19 de diciembre. Había sido declarado culpable de un asesinato cometido en 2006, y su recurso de apelación fue rechazado en octubre de 2008 por haberse presentado fuera de plazo.
Exclusión
La tendencia hacia un aumento de la estabilidad política que se venía registrando durante los últimos 10 años se vio ensombrecida por el empeoramiento de la crisis de seguridad pública.

El nivel de abusos policiales, actos delictivos y acciones violentas por parte de bandas eramayor en aquellas zonas donde el Estado se encontraba en granmedida ausente, posibilitando así que bandas de delincuentes ejercieran su control sobre una gran parte de la sociedad. En Brasil, por ejemplo, seguían negándose servicios básicos a muchas comunidades urbanas deprimidas, y la intervención del Estado continuaba circunscribiéndose en gran medida a incursiones periódicas de la policía al estilomilitar. Estas operaciones, en las que intervenían a menudo centenares de agentes con vehículos blindados y helicópteros, se caracterizaban por el uso excesivo de la fuerza, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las actitudes abusivas hacia los residentes. En Jamaica, la mayoría de los homicidios perpetrados por la policía –enmuchos casos de forma ilegítima– tuvieron lugar en zonas urbanas deprimidas.
«Allí, en la zona rica de la ciudad, es diferente. Creen que la policía realmente tiene que invadir, tiene que matar, tiene que exterminar todo lo que pasa aquí. No se dan cuenta de que ésta es una comunidad con personas que trabajan y niños que estudian.» - Lúcia Cabral, Complexo do Alemão (Brasil), abril de 2008
En México, donde la violencia delictiva aumentó de forma vertiginosa, se desplegaron numerosos efectivos militares para ayudar a la policía a combatir la delincuencia. Pocos gobiernos relacionaban el aumento de la delincuencia con los abusos perpetrados por funcionarios del Estado. En algunos países, sin embargo, hubo ministros que en 2008 reconocieron públicamente que la calidad de la actuación policial había descendido por debajo de los niveles exigidos en las normas nacionales e internacionales. Tanto la República Dominicana como México y Trinidad y Tobago admitieron deficiencias notables en sus fuerzas de policía, con la consiguiente limitación que eso suponía a la hora de ofrecer un grado razonable de protección y eficacia en muchas comunidades. Sin embargo, las medidas adoptadas para expulsar a los agentes responsables de actos de corrupción o de abusos contra los derechos humanos no estaban a la altura de lamagnitud del problema, y su eficacia se veía mermada además por obstáculos administrativos y procedimentales.

Al cerrar los ojos ante las denuncias de torturas y homicidios ilegítimos, demasiados gobiernos contribuyeron a que descendiera el nivel de la actuación policial. Algunos intentaron incluso justificar los abusos diciendo que eran necesarios en el actual clima de inseguridad pública. Salvo en Estados Unidos y Canadá, seguía sin haber apenas comisiones independientes de investigación de quejas contra la policía ni defensorías del pueblo para asuntos policiales. En los escasos países adicionales donde existían este tipo de organismos, éstos continuaban siendo en gran medida ineficaces.

En algunos países, como Guatemala y Brasil, aparecieron a lo largo del añomás pruebas sobre la implicación de policías y ex policías en los homicidios de presuntos delincuentes. En el estado brasileño de Pernambuco, el 70 por ciento de los homicidios registrados en 2008 se atribuyó a los escuadrones de lamuerte o a los denominados grupos de exterminio, compuestos en sumayoría por agentes del Estado, sobre todo policías. En Guatemala, el homicidio de centenares de jóvenes trajo a lamemoriamuchas de las campañas de limpieza social llevadas a cabo en la década de 1990, cuando se torturó ymató a niños de la calle sospechosos de cometer pequeños hurtos. El hecho de que la policía y otros colectivos persiguieran a grupos de jóvenes y niños pertenecientes a comunidades pobres en función de su aspecto y edad agravaba su sentimiento de exclusión social.

En algunos casos, el desprecio por la vida de las personas pertenecientes a comunidades socialmente excluidas resultaba especialmente vergonzoso. Por ejemplo, en Soacha, cerca de Bogotá (Colombia), miembros de las fuerzas armadas mataron a decenas de jóvenes para cobrar la prima concedida por el gobierno por cada «guerrillero»muerto.
«Guerra contra el terror»

Seguía suscitando preocupación el trato dado a los ciudadanos extranjeros detenidos por las fuerzas estadounidenses en la «guerra contra el terror». Más de 200 hombres continuaban recluidos en la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba). En 2008, sin embargo, se registraron algunos avances a la hora de hacer frente a los intentos del gobierno por excluir a estos hombres de las garantías previstas en la ley. En junio, en una resolución histórica, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó los argumentos del gobierno según los cuales a los detenidos de Guantánamo debía negárseles el derecho a presentar recursos de hábeas corpus porque eran ciudadanos no estadounidenses capturados y recluidos fuera del territorio soberano de Estados Unidos. En noviembre, el presidente electo Barack Obama confirmó su compromiso de que, tras su toma de posesión en enero de 2009, adoptaríamedidas cuanto antes para cerrar el centro de detención de Guantánamo y garantizar que Estados Unidos no recurriese a la tortura.
Voces desoídas y silenciadas
En América Latina, los defensores y defensoras de los derechos humanos siguieron estando a la vanguardia de las iniciativas en caminadas a hacer oír la voz de las víctimas, en muchos casos pese a los constantes esfuerzos por silenciarla. El 4 de febrero y el 20 de julio, millones de personas se manifestaron en Colombia y en todo el mundo para protestar por los secuestros llevados a cabo por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El 6 de marzo, también en Colombia, miles de personas se echaron a la calle para exigir que se pusiera fin a los abusos contra los derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares. Cuatro meses después, cuatro hombres armados a bordo de unas motocicletas mataron a tiros a Jhon Fredy Correa Falla, miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), la organización que había convocado la manifestación de marzo. En Guatemala y Honduras, varias personas fueron víctima de homicidio por su trabajo en defensa de los derechos humanos.

En varios otros países, las personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos fueron víctima también de las reacciones cada vez más hostiles de las autoridades. En Venezuela, por ejemplo, tras la expulsión en septiembre del director del programa para América de Human Rights Watch, motivada por la publicación de un informe crítico, se registró un recrudecimiento de las declaraciones públicas en las que se acusaba a ONG y defensores locales de los derechos humanos de «proyanquis», antirrevolución bolivariana» y «apátridas».

Algunos gobiernos utilizaron de forma indebida el sistema de justicia penal para obstaculizar el trabajo de quienes defendían los derechos humanos. En el estadomexicano de Guerrero, por ejemplo, se detuvo en abril a cinco dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (OPIM) y se los acusó de asesinato. A pesar de la resolución adoptada en octubre por un tribunal federal según la cual no había pruebas de la implicación de cuatro de ellos, y a pesar de las declaraciones de testigos que afirmaban que el quinto se encontraba en otro lugar en el momento de cometerse el asesinato, los cinco permanecían bajo custodia al finalizar el año.


Mujeres esperando su turno a las puertas de un centro de salud en la localidad rural de Huancavelica, septiembre 2008.
© Amnesty International
En Nicaragua, nueve defensoras de los derechos humanos se enfrentaban a procedimientos judiciales por su intervención en el caso de una niña nicaragüense de nueve años a la que se había practicado un aborto legal tras ser violada en 2003. A pesar de que muchos profesionales y funcionarios habían estado relacionados también con el caso, la denuncia se centraba sólo en las defensoras de los derechos humanos, conocidas por promover la salud sexual y los derechos de las mujeres.

Los defensores y defensoras que promovían los derechos de comunidades largo tiempo relegadas a los márgenes de la sociedad –como los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero– solían correr un peligro especial. En Honduras, por ejemplo, los dirigentes de la comunidad afrodescendiente garífuna de San Juan Tela fueron amenazados y obligados a firmar a punta de pistola la entrega de unas tierras comunales a una empresa privada. En Ecuador, Esther Landetta, destacada defensora del medio ambiente y de los derechos de las mujeres, fue víctima de repetidas amenazas y actos de intimidación por haberse convertido en una de las principales portavoces de la preocupación social por las posibles consecuencias negativas de las actividades mineras irregulares en la provincia de Guayas.

Puede que las formas de represión e intimidación ejercidas contra quienes defienden los derechos humanos hayan cambiado, pero persistía uno de sus aspectos más inquietantes: en casi ninguno de los casos investigados por Amnistía Internacional los responsables rindieron cuentas de sus actos.

En 2008, sin embargo, en varios países se avanzó un poco en lo relativo a la justicia que se debía a las víctimas largamente silenciadas de flagrantes violaciones de derechos humanos cometidas durante los regímenes militares de las décadas de 1970 y 1980.

En Paraguay, el presidente Fernando Lugo pidió perdón públicamente a las víctimas de las violaciones de derechos humanos perpetradas durante el gobiernomilitar del general Alfredo Stroessner. En diciembre, la Comisión de Verdad y Justicia publicó su informe y sus recomendaciones sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar (1954-1989) y la transición a la democracia. En él se identificaba amás de 20.000 víctimas y se recomendaba que el Ministerio Público investigara todos los casos.

En Uruguay se citó a decenas de ex oficiales de las fuerzas armadas para que testificaran contra el general Gregorio Álvarez, jefe del gobierno militar entre 1981 y 1985, y Juan Larcebeau, oficial retirado de la Armada, acusados de la desaparición forzada demás de 30 personas.
«La educación es importante para que nuestros hijos puedan capacitarse, manejar el internet, acceder a las mismas posibilidades que los paraguayos, para que se dejen de decir que los indígenas son tontos, ignorantes.» - Mario Florentin Jara, comunidad Samhoyamaxa (Paraguay), noviembre de 2008.
En Argentina –en la que habría de ser la primera sentencia en su género– se declaró culpables a un hombre y unamujer de la «apropiación» de la hija de una pareja que había sido víctima de desaparición forzada en 1977, y se los condenó a penas de cárcel. El ex capitán del ejército que robó a la niña y la entregó a la pareja fue condenado en abril a 10 años de prisión.

Por lo que se refiere a El Salvador, en noviembre dos organizaciones de derechos humanos presentaron ante la justicia española una demanda contra el ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani (en el poder entre 1989 y 1994) y 14 miembros de las fuerzas armadas por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, su empleada doméstica y una hija de ésta, ocurrido en 1989.

Brasil destacaba por ser uno de los pocos países de la región que tenían todavía pendientes las heridas dejadas por los abusos perpetrados en el pasado. Al descuidar a las personas que habían sufrido torturas y otros abusos, el Estado brasileño no sólo no respetó los derechos humanos de las víctimas, sino que permitió también la perpetuación de los abusos.

En México se conmemoró el 40 aniversario de lamasacre de estudiantes ocurrida en la plaza de Tlateloco, en Ciudad de México, pero la conmemoración no se vio acompañada de ningún avance en el enjuiciamiento de los responsables.

En otros casos se registraron algunos avances a la hora de pedir cuentas a los responsables de violaciones de derechos humanos más recientes. En Colombia se expulsó a decenas de miembros de las fuerzas armadas –muchos de ellos altos mandos– por su presunta implicación en la ejecución extrajudicial de civiles. En Bolivia, la rapidez sin precedentes con que la comunidad internacional se movilizó para que se investigaran los homicidios perpetrados contra 19 campesinos en septiembre suscitó la esperanza de que se llevara a los responsables ante la justicia. En octubre, el gobierno boliviano solicitó a Estados Unidos la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de dos ex ministros, acusados de participar en actos de genocidio por su intervención en el homicidio de 67 personas durante unas manifestaciones celebradas en 2003 en El Alto.
«El gobierno canadiense y las empresas petroleras [...] Persisten en la destrucción de nuestra tierra y nuestra forma de vida. Quizá en ocasiones parezcamos derrotados e incapaces, pero les aseguro que no lo estamos. Mientras quede algún lubicon, seguiremos luchando por una relación igual y justa con el gobierno y las empresas.» - Cynthia Tomlinson, miembro de los lubicon cree, Alberta (Canadá), abril de 2008.
En Estados Unidos, tras una investigación de 18 meses sobre el trato dado a personas bajo custodia estadounidense, un comité del Senado llegó a la conclusión de que altos funcionarios del gobierno habían «solicitado información sobre la utilización de técnicas agresivas, maquillado la ley para darles una apariencia de legalidad y autorizado su uso contra detenidos». Entre otras cosas, el comité dictaminó que la autorización dada por Donald Rumsfeld, ex secretario de Defensa, para que se pudieran utilizar técnicas agresivas en Guantánamo había sido «una causa directa de los abusos perpetrados contra los detenidos en dicho lugar» y había contribuido a que se cometieran abusos contra personas bajo custodia estadounidense en Afganistán e Irak.
Conclusión
A lo largo y ancho de la región, los defensores y defensoras de los derechos humanos siguen trabajando por un mundo en el que todas las personas puedan vivir con dignidad y se respeten todos los derechos humanos. Para hacerlo, deben desafiar amenudo a poderosas élites sociales y económicas, y tienen que hacer frente a la inercia y la complicidad de gobiernos que no cumplen con su obligación de promover y defender los derechos humanos. Las personas que defienden los derechos humanos continúan demostrando que estos derechos se encuentran indisolublemente unidos y que son una fuente inagotable de valor y determinación.



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